¿Alguien sabe dónde quedaron el medio ambiente y los recursos naturales? ¿Habrá alguien en la 4T [email protected] a rescatarlos y darles su lugar?

Al cumplirse dos años de gobierno de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos se preguntan en donde están aquellas personas de los sectores público, privado, social y académico defiendiendo y dando la cara por el medio ambiente y los recuros naturales, que hoy en día son temas que están completamente fuera del radar e interés de la administración pública federal. A continuación, algunos ejemplos que ilustran lo anterior.

La presente Administración Federal, no ha mostrado el más mínimo interés por el tema medioambiental; por el contrario, lo ha relegado de la agenda de gobierno, retrocediendo incluso en temas donde se habían dado pasos importantes como es la transición hacia las energías renovables. El hecho de que a dos años de gobierno ya hayan transitado tres titulares por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), evidencia las diferencias de visión con el actual gobierno, como incluso lo denunció Víctor Manuel Toledo tras haber presentado su renuncia al cargo.

La responsabilidad extendida del productor (REP) es una condición indispensable para establecer una verdadera economía circular en México y para acabar con la contaminación por plásticos y el resto de nuestros problemas de residuos desde la raíz. Sin este principio rector en la ley, lo demás es solo discurso.

Por ello, desde la Alianza México sin Plástico (AMSP) estamos demandando al Senado de la República -que en estos días está elaborando el dictamen para modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)-, que incluya la REP, de modo que podamos asegurar su efectiva implementación.

La responsabilidad extendida del productor es una herramienta de política ambiental que pone énfasis en la responsabilidad que tienen las empresas (productoras, fabricantes, importadoras, comercializadoras de plásticos) en los impactos ambientales de los productos que ofrecen en el mercado. Implica que dichas empresas asuman su parte en la gestión de los residuos que sus productos generan al final de su vida útil, pero también que avancen hacia esquemas circulares que eviten la generación de este residuo en primer lugar. Lo anterior mediante el re-diseño, la reutilización, la remanufactura, la reparación, el reciclaje, etc.de sus productos, para evitar que se conviertan en residuos. Los acuerdos voluntarios no son suficientes.

El 2020 ha sido un año muy importante para la lucha contra la contaminación plástica, lleno de avances pero también de grandes retrocesos. Por una parte, ha habido nuevos avances en diversos estados y municipios del país para prohibir diferentes plásticos de un solo uso. Como ejemplo está la Ciudad de México, la cual inició el año con la primera fase de su prohibición, dirigida exclusivamente a las bolsas plásticas (la segunda fase entra en vigor en enero de 2021). Otros ejemplos son Quintana Roo y Oaxaca. En el primer caso, las bebidas embotelladas en plástico ya no podrán venderse en islas y áreas naturales protegidas del estado, mientras que en el segundo caso a la prohibición de las botellas de PET se añadió la de los contenedores de unicel y otros desechables, poniendo en jaque a grandes empresas que producen o comercializan plásticos, como las refresqueras.

Por otro lado, el surgimiento de la pandemia por COVID-19 en este año planteó nuevos retos a esta lucha ambientalista. El oportunismo de la industria plástica y la incertidumbre de la misma emergencia sanitaria llevaron a un incremento en el uso de plásticos y a nuevos embates de esta industria que ha pintado a los plásticos como los salvadores de la pandemia. Ante esto, desde Greenpeace y la Alianza México sin Plástico (AMSP) salimos a denunciar los intentos de la industria por revertir las prohibiciones estatales, proveyendo evidencia científica sobre cómo el SARS-COV-2 puede permanecer activo en superficies plásticas hasta por 6 días, tumbando el argumento de que los plásticos evitan contagios.[1] De igual forma, llamamos a la población a usar opciones reutilizables, que cuidan nuestra salud, ya que al lavarlas adecuadamente garantizamos su higiene, y que además no generan residuos.[2]

Hacia los últimos meses del año, la lucha por proteger nuestro Planeta de la contaminación plástica se ha visto con mayores obstáculos. El 18 de noviembre el Senado de la República aprobó fast track una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que incluye el co-procesamiento como un método aparte de la incineración, otorgando a la industria cementera el control total de la gestión de los residuos municipales. Esto es terrible, dado que la incineración/co-procesamiento está detrás de grandes afectaciones medioambientales y para la salud humana. Esta situación se ha visto agravada con la aprobación de este dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre, en un nuevo albazo. Diversas organizaciones de la sociedad civil buscamos presentarles nuestras alertas a la Comisión de Medio Ambiente pero nunca se nos concedió la oportunidad. Una vez más las fuerzas políticas y económicas del país han mostrado su colusión en detrimento del medio ambiente y de la gente.

Nos comentan que en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador todos quieren hacer méritos y quedar bien con él. Nos dicen que en el acto del pasado sábado, en el Castillo de Chapultepec, al que asistieron cancilleres de la región latinoamericana, para conmemorar el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, se planeó con cuidado la invitación a la cantante Lila Downs para que encabezara el espacio musical del evento, y como cosa suya, le pidieron que interpretara una canción en especial. Profesional, como es doña Lila, aunque no se sabía en su totalidad la letra, cantó “Latinoamérica”, canción escrita por Residente, del grupo puertorriqueño Calle 13, una de las bandas que el propio Presidente ha dicho que admira y que escucha en sus giras de trabajo. Downs se apoyó de un teleprompter para recordar la letra, y el resultado fue que el mandatario no dejó de mover su pie izquierdo siguiendo la melodía, y al finalizar la canción le dedicó un largo aplauso a la intérprete oaxaqueña.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpuso una demanda de amparo en contra del aviso emitido por CFE y la Resolución, al considerar que las mismas desincentivan la generación, distribución y comercialización de energías limpias aumentando de manera ilegal, desproporcionada e injustificada las Tarifas y privilegiando la generación y consumo de energía a través de fuentes contaminantes, tales como las que se producen mediante combustibles fósiles.

En virtud de lo anterior, esta semana se logró que un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa otorgara la suspensión definitiva para efectos generales, resultando en que NO se imponga a los generadores de energías limpias, el cobro de las nuevas Tarifas, teniendo derecho a pagar conforme a las vigentes con anterioridad. El Juzgado consideró, en términos generales, procedente otorgar la suspensión en virtud de que CEMDA logró acreditar, entre otros aspectos, que el aumento de las Tarifas podría significar un retroceso en el avance que el Estado mexicano debe perseguir en materia de descarbonización de la generación y transición hacia la energía renovable, desincentivando las energías limpias y fomentado la generación mediante combustibles fósiles.

En días pasados, diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron del conocimiento público el hecho de que nuestro país enfrenta los peores incendios de la década ya que, de acuerdo con los reportes semanales de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), durante el 2021 se han registrado alrededor de 3,376 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 98,839 hectáreas (ha.) de territorio. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido: Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California.

Ante esta situación que está ocasionando graves pérdidas en términos ambientales, sociales y económicos, se lanzó un llamado urgente al gobierno federal para que destine los recursos necesarios y suficientes a las dependencias responsables de vigilar, prevenir y atender los incendios en nuestro país, así como para que se inicien de inmediato obras de remediación y apoyo a las personas afectadas.

El Buen Fin es la campaña de promoción del consumo más grande de México desde el 2011, y es un evento organizado por la Secretaría de Economía (SE) y otras instituciones del gobierno federal. Por parte del sector privado, participan como co-anfitriones la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO-SERVYTUR), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y otros gremios empresariales.

Las ventas totales en la edición 2019 de El Buen Fin alcanzaron los 117.9 mil millones de pesos; 4.9% más que la edición del año anterior y participaron 91,238 empresas, siendo los productos más vendidos: ropa y calzado con el 30%, artículos electrónicos con el 17%, y artículos para el hogar con 15%. Los compradores generaron un ticket promedio de compra de $647 pesos en pago con tarjeta débito y $1,625 en pago con crédito. Y se observa una reducción en el uso de efectivo en las 2 últimas temporadas, siendo el comercio electrónico 9.4% de las Ventas totales en 2019, alcanzando $11.1mil millones de pesos. Esto implica un incremento del 45% respecto a años anteriores.

Así, el Buen Fin supone un evento para incentivar el consumo de mercancías que habrán de sumarse a las que ya existen en los hogares o que reemplazarán a otras en desuso. Sin embargo, ¿qué lecciones enseñan estos eventos de frenesí comercial con precios reducidos o meses sin intereses? Varias lecciones, pero nos concentramos en dos que son de nuestro interés: la externalización de costes socioambientales y el sobreconsumo contemporáneo.

Las elecciones se aproximan y es muy importante que las y los candidatos a los cargos disputados no olviden la importancia de incluir la protección ambiental en sus agendas políticas. En los tiempos complejos que vivimos, diversos temas son de amplia preocupación local y nacional, como la recuperación económica y el control de la pandemia por COVID-19, así como cuestiones de seguridad. Sin embargo, es muy importante que las y los candidatos, los partidos políticos y la ciudadanía demos al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático el lugar que merecen en el debate político y en las propuestas electorales que deberemos elegir el próximo 6 de junio.

Lluvias torrenciales, granizadas, desbordamiento de ríos, la Ciudad y el Estado de México sufren inundaciones crecientes debido a las tormentas y el agua que corre por las calles pavimentadas y busca los cauces de sus ríos. Se acrecientan las inundaciones por los desagües tapados con basura en las metrópolis y las aguas poderosas llegan a hogares en algunas zonas. Imágenes televisivas en los noticieros matutinos muestran automóviles varados, otros arrastrados por las aguas. La fuerza de las tormentas golpean otros estados del norte, del centro, del sur del país, y bloquea carreteras como la México-Pachuca, entre otras. 
Es el cambio climático que muestra su fuerza y amenaza con el aumento de su intensidad en las próximas semanas. No está por demás recordar que México es un país entre dos océanos, lo que lo hace mayormente susceptible a los golpes de las aguas y los vientos, a los huracanes y las tormentas.

El territorio de México se ve afectado por diversos fenómenos naturales difíciles de anticipar. Los más frecuentes son de orígenes geológico y climatológico. Por el lado del Pacífico las placas del Pacífico, de Rivera y de Cocos chocan y se subducen a la placa de Norteamérica, lo cual es causa frecuente de sismos de gran Magnitud como los de septiembre de 1985, y el reciente del 5 de septiembre, 2017. El temblor del 19 de septiembre de 2017, tuvo un origen intraplaca, de menor ocurrencia que los anteriores, aunque de menor magnitud, su epicentro ocurrió en el Edo de Morelos y causó muchos daños por su cercanía a las zonas conurbadas muy pobladas del Valle de México. En los eventos de 1985 y de 2017, los gobiernos municipales, estatales y el federal, se vieron rebasados por el desastre causado en una amplia franja del territorio nacional, además del Valle de México, siete estados sufrieron daños, algunos muy severos. En 1985 no había un sistema de protección civil, a pesar de que durante el siglo XX se tuvieron varios sismos de gran magnitud que afectaron a la Ciudad de México con daños graves en varios estados de la República afectando Oaxaca (Huajuapan de León, 1980), el sur de Veracruz (Jáltipan, 1959) y Tabasco. La pérdida de vidas humanas y el sufrimiento del pueblo en estos eventos han sido irreparables, y muy lamentables. Las pérdidas económicas estimadas van más allá de la capacidad financiera de municipios, estados y el propio gobierno federal. Como ejemplo, los sismos de septiembre de 2017 cobraron la vida de 477 personas, 98 en el sismo del 7 de septiembre y 369 en el del 19 de septiembre, respectivamente. De los 369 muertos, 228 ocurrieron en la Ciudad de México. Como resultado de los sismos, más de 170 mil viviendas fueron dañadas. De ellas, 115 mil experimentaron daño moderado que requiere de reparación, y 60 mil requieren ser reconstruidas.

La primera vez que fui a Cancún ya la ciudad era lo que es hoy: un paraíso reconvertido para el turista estadounidense. Los problemas de Cancún son grandes, la privatización descarada de la playa, el ecocidio, y ahora también, el crimen organizado. Sin embargo, el que Cancún haya sido así desde mi primer encuentro con la ciudad vuelve más difícil entender el tamaño de la corrupción que ha permitido su desarrollo. En cambio, la historia reciente de Tulum es un instructivo preciso del desarrollo destrampado mexicano. Un desarrollo sin visión más que el de la corrupción y el enriquecimiento propio.

Tulum, es el resumen del despropósito del desarrollo mexicano. Las ruinas de una ciudad antigua, el caribe más paradisíaco y una selva espesa parecen la receta perfecta para uno de los lugares más espectaculares del planeta. Si Tulum estuviera en Costa Rica, lo habrían convertido en un santuario natural, con acceso al ser humano pero bajo una proyección de sustentabilidad genuina. En México no, aquí los compadrazgos, las mordidas, los favores y, sobretodo, el dinero, son la única visión de Estado que prevalece. Lo de Tulum podría caber en las páginas de una distopia mexicana, el pequeño pueblo ha sido interrumpido por un frenesí inmobiliario deplorable, un desarrollo que ha destrozado la selva y la riqueza natural local y que sigue extendiéndose sin freno.

Publican nueva norma ambiental 

En este espacio le adelantamos que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba por publicar la Norma Ambiental NACDMX-002-RNAT-2019 con la que se pretende reducir la contaminación generada por las alrededor de 14 mil toneladas de residuos que la industria de la construcción y demolición generan en la Ciudad de México. 

Esta semana y tras pasar más de seis meses en la congeladora, la administración capitalina por fin publicó en la Gaceta Oficial dicha normativa, la cual fue impulsada desde la Dirección de Regulación Ambiental, que lleva Lilian Guigue. La nueva norma contempla el uso del producto reciclado en el desarrollo de proyectos de infraestructura, tales como banquetas, ciclopistas, andadores y mobiliario urbano.